Eva Lagunero
El 5 de marzo, una sala apelación de la Corte Penal Internacional decidió que se podía seguir adelante con la investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos durante las casi dos décadas de guerra en Afganistán.
La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI en adelante), Fatou Bensouda, natural de Gambia, elogió el fallo de la sala de apelación, para proseguir la investigación sobre los crímenes de guerra cometidos en Afganistán, con estas palabras: “Hoy es un día importante para la causa de la justicia en Afganistán”.
Este fallo revoca otro del año pasado que no vio conveniente abrir una causa a Estados Unidos y su régimen títere de Afganistán, porque “no serviría a los intereses de la justicia” debido a la negativa de Washington y Kabul a cooperar. Esta decisión se tomó, como informamos en su día, en el contexto de las amenazas que lanzó Estados Unidos contra la CPI, que incluían sanciones económicas e incluso el arresto de sus miembros si permitían que la investigación siguiera su curso.
Los jueces de apelación, sin embargo, han visto que la decisión del año pasado entra en contradicción con los propios estatutos de la CPI, ya que “es la fiscalía la que debe determinar si hay base razonable para iniciar una investigación”.
Esta es una de las primeras investigaciones que la CPI emprende de una potencia imperialista, ya que hasta ahora se había limitado en su mayor parte a los delitos cometidos por regímenes de países pobres de África. A la par, se ha abierto otra indagación preliminar sobre los crímenes de guerra de las fuerzas británicas durante la invasión de Irak en 2003. A diferencia de EEUU, el Reino Unido es signatario del acuerdo que por el que se fundó la CPI.
El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha respondido al nuevo fallo con las bravatas de matón que le caracterizan. Tras calificar la investigación de “venganza política” de una “institución política con máscara judicial, que no rinde cuentas a nadie”, Pompeo juró que Washington “tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos de este así llamado tribunal renegado e ilegal”.
A la pregunta de si la administración Trump tomará represalias contra la CPI, el Secretario de Estado respondió que las medidas que se tomen se anunciarán en un par de semanas “encaminadas a asegurar que los soldados estadounidenses, los marines, nuestros guerreros de la Inteligencia, los diplomáticos que han trabajado para el Departamento de Estado durante años, queden protegidos y que la CPI no les presione de forma que no refleje la noble naturaleza de los cometidos de esos estadounidenses”.
La preocupación de Washington no es por las tropas, sino más bien por el hecho de que los autores reales de los crímenes en Afganistán puedan algún día tener que responder por ellos; es decir: los presidentes y sus gabinetes junto con los altos mandos militares, los líderes políticos de los dos grandes partidos, las empresas que apoyaron la guerra y los expertos mediáticos que la promovieron.
La investigación de la CPI cubrirá todos los crímenes cometidos en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, así como otros vinculados al conflicto armado en ese país. Estos son, según la fiscal, desde la tortura en la Base Aérea de Bagram y otras instalaciones estadounidenses en Afganistán, hasta los llamados “lugares negros” dirigidos por la CIA en países como Polonia, Lituania y Rumanía. Podría incluso extenderse el infame centro de detención y tortura de Abu Ghraib en Irak, e inclusive a los asesinatos con drones de miles de personas cometidos por las sucesivas administraciones estadounidenses en la vecina Pakistán.
Los crímenes de guerra del imperialismo estadounidense desde que invadió Afganistán en octubre de 2001 son innumerables. Empezaron con las masacres de detenidos desarmados, incluidos los cientos, si no miles, prisioneros de guerra que fueron metidos en contenedores de metal sellados y murieron asfixiados y fusilados tras el sitio de Kunduz.
Entre los crímenes más horribles están los que se destaparon en la investigación realizada al llamado Kill Team (Equipo de Matar), formado por una unidad de la 5ª brigada Stryker del ejército estadounidense, enviada a la provincia de Kandahar por Obama entre 2009 y 2010. Tal como reconocieron los propios implicados -y documentaron en horripilantes fotografías-, se dedicaban a matar sistemáticamente a civiles y mutilar sus cuerpos, llevándose dedos y piezas del cráneo como trofeos.
A una de sus víctimas, un muchacho de 15 años llamado Gul Mudin, le incitaron a que se acercara a ellos y entonces le tiraron una granada y le dispararon varias veces a corta distancia. Después de llevar a su padre a que identificara el cadáver, hicieron turnos para posar junto a él antes de cortarle uno de los dedos. Los miembros del Equipo también describieron cómo tiraban caramelos desde su vehículo blindado cuando pasaban por los pueblos y disparaban a los niños que corrían a recogerlos.
Aunque el Pentágono intentó tapar estas atrocidades alegando que se trataba de actos de unas pocas “manzanas podridas”, en realidad, eran conocidas por sus comandantes y otras unidades que participaron en acciones similares. Eran producto de una ocupación colonial criminal durante la cual se entrenaba a las tropas para que consideraran a toda la población civil como potenciales enemigos y seres infrahumanos.
El número de afganos muertos en el conflicto se estima en más de 175.000, pero hay muchas más víctimas indirectas por la destrucción de la guerra. Entre los soldados estadounidenses hubo 2.400 muertos y decenas de miles de heridos. Los crímenes de EEUU incluyen bombardeos indiscriminados que aniquilaron cortejos de boda, reuniones comunitarias así como a pacientes y personal de hospitales.
Entre las revelaciones más amplias de los crímenes de guerra de EEUU están las contenidas en los llamados “Diarios de Guerra Afganos”, unos 91.000 documentos entregados por la valiente soldado Chelsea Manning a WikiLeaks en 2010. En venganza, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, está preso en el Reino Unido y en riesgo de ser extraditado a EEUU bajo cargos de espionaje que conllevarían 175 años de prisión, o peor. Por su parte, Manning permanece en detención indefinida en un centro federal de Virginia por negarse a testificar contra Assange.
La virulenta hostilidad de Washington hacia cualquier investigación internacional de sus crímenes quedó patente desde la misma fundación de la CPI en 2002. La administración Bush la repudió y el Congreso de EEUU pasó una ley, con el acuerdo mayoritario de los dos partidos, para proteger al personal de EEUU de “persecución criminal por una corte penal internacional a la cual EEUU no pertenece”. El mismo año, Bush publicó un memorandum que declaraba que, en la guerra de Afganistán, EEUU no estaría obligado por la Convención de Ginebra. Esta ley anti-CPI contempla incluso el uso de la fuerza militar para liberar a los ciudadanos de EEUU encausados por la CPI.
La reacción de EEUU a la investigación de la CPI representa un repudio explícito de la legalidad internacional y el abandono de toda pretensión de que a Washington le guíe otra cosa que los intereses depredadores del imperialismo. Sobre esto, la administración Trump y sus oponentes en el Partido Demócrata están muy de acuerdo. Su defensa incondicional de los crímenes de guerra llevados a cabo en Afganistán, Irak y otras partes es un aviso a la clase trabajadora mundial de que se esperan crímenes mayores mientras EEUU se prepara para confrontarse a “grandes potencias”.
Referencia:
https://www.wsws.org/en/articles/2020/03/06/afgh-m06.html
Fuentes: