Desde el mismo momento de la victoria electoral del Frente Popular, oficiales reaccionarios y monárquicos comenzaron la preparación de una sublevación militar.6 El 10 de agosto de 1932 tuvo lugar el primer intento de golpe de Estado contra la República, liderado por el general Sanjurjo y llamado por ello «La Sanjurjada«.7 Fracasó y Sanjurjo fue capturado. Más tarde Sanjurjo fue amnistiado y se exilió en Portugal, desde donde siguió participando en conspiraciones golpistas. En 1934 el rey Alfonso XIII, que estaba exiliado en Italia, pidió apoyo a Mussolini para «un eventual golpe de Estado que se produjera en España para (…) restaurar la Monarquía» y consiguió que el gobierno fascista italiano se comprometiese a aportar 1.500.000 pesetas, 200 ametralladoras, fusiles y granadas de mano. Firmaron el acuerdo por parte española el general Barrera y representantes de los partidos Renovación Española (monárquico) y Comunión Tradicionalista (carlista).8 9
En 1935 el líder de la CEDA, José María Gil-Robles, consiguió la cartera de ministro de la Guerra en el Gobierno y procedió a nombrar a generales derechistas para los puestos clave: Franco como jefe del Estado Mayor Central, Fanjul como subscretario de Gil-Robles, Goded responsable de Aeronáutica y Mola jefe de las fuerzas en Marruecos. En esta época la derechista Unión Militar Española se dividió entre los que seguían queriendo dar un golpe de Estado para acabar con la democracia y los que preferían «penetrar» el sistema político desde el poder.9 En enero de 1936 el presidente de la República disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 16 de febrero. Varios generales acordaron entonces sublevarse el 19 de febrero si el Frente Popular ganaba las elecciones.10
Nada más conocerse la victoria en las elecciones del “Frente Popular”, lo que suponía que la «vía política» para impedir la vuelta de la izquierda al poder había fracasado tras la derrota de Gil Robles y de la CEDA en las elecciones, se produjo el primer intento de “golpe de fuerza” por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles, que ya en diciembre había pulsado la opinión de los generales que él mismo había situado en los puestos clave de la cadena de mando (Fanjul, Goded, Franco) en torno a un “golpe de fuerza”, el primero que intentó sin éxito que el presidente del gobierno en funciones Manuel Portela Valladares declarase el “estado de guerra” y anulara los comicios. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra (lo que según la Ley de Orden Público de 1933 suponía que el poder pasaba a las autoridades militares), pero fue desautorizado por el todavía jefe de gobierno Portela Valladares y por el ministro de la guerra el general Nicolás Molero.11 Un papel clave en el fracaso del golpe lo desempeñaron el director de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas, viejo africanista pero fiel a la República, que cuando recibió la llamada del general Franco para que se uniera a una acción militar que ocupara las calles se negó, y también el general Miguel Núñez de Prado, jefe de la policía que tampoco secundó la intentona. Al final el general Franco no vio la situación madura y se echó para atrás, especialmente tras el fracaso de los generales Goded y Fanjul para sublevar a la guarnición de Madrid.12
El resultado del intento de “golpe de fuerza” fue exactamente el contrario del previsto. El presidente del gobierno en funciones entregó antes de tiempo el poder a la coalición ganadora, sin esperar a que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones (prevista para el 1 de marzo). Así, Manuel Azaña, el líder del «Frente Popular», formaba gobierno el miércoles 19 de febrero que, conforme a lo pactado, sólo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana, más uno independiente, el general Carlos Masquelet, ministro de la guerra).12 Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos: el general Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Franco, a la de Canarias; el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles.13 Sin embargo esta política de traslados no serviría para frenar la conspiración militar y el golpe que finalmente se produjo entre el 17 y el 18 de julio, e incluso en algún caso, como el del general Franco, les hizo aumentar su rechazo al gobierno de Azaña al considerar su destino a Canarias como una degradación, una humillación y un destierro.14
La conspiración militar para desencadenar un “golpe de fuerza” (como lo llamaban los conjurados) que derribara al gobierno se puso en marcha nada más formarse el gobierno de Azaña el 19 de febrero de 1936, apoyándose inicialmente en las tramas golpistas que se habían rehecho tras el fracaso de la insurrección militar de agosto de 1932 encabezada por el general Sanjurjo.15 El 20 de febrero el periódico de la Comunión Tradicionalista El Pensamiento Alavés ya afirmaba “que no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada” y esa lucha partiría de “una nueva Covadonga que frente a la revolución sirviera de refugio a los que huyeran de aquélla y emprendiera la Reconquista de España”.
El 8 de marzo tuvo lugar en Madrid, en casa de un amigo de Gil Robles, una reunión de varios generales (Emilio Mola, Luis Orgaz Yoldi, Villegas, Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Ángel Rodríguez del Barrio, Miguel García de la Herrán, Manuel González Carrasco, Andrés Saliquet y Miguel Ponte, junto con el coronel José Enrique Varela y el teniente coronel Valentín Galarza, como hombre de la UME), en la que acordaron organizar un “alzamiento militar” que derribara al gobierno del Frente Popular recién constituido y “restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”.14 Según algunos historiadores lo que se acordó en la reunión del 8 de marzo fue llevar a cabo un golpe de estado sólo en caso de amenaza grave a «la unidad de la patria» y quiebra límite del orden público.17 Los generales conjurados acordaron también ofrecer la jefatura de la Junta Militar que se formaría al exiliado general Sanjurjo y que el coordinador en España fuera el general Rodríguez Barrio.10
No se llegó a acordar el carácter político del “movimiento militar”, pero para su organización recurrirían a la estructura clandestina de la UME integrada por oficiales conservadores y antiañazistas y llegaron a fijar la fecha del golpe, para el 20 de abril, pero las sospechas del gobierno y la detención de Orgaz y Varela, confinados en Canarias y en Cádiz, respectivamente, les obligaron a posponer la fecha.18
El general Gonzalo Queipo de Llano (jefe de los carabineros), que estaba organizando otra conspiración golpista por su cuenta, visitó a Mola en Pamplona el 12 de abril. Tras informarse mutuamente de sus respectivos planes decidieron colaborar.17 El 19 de abril el general Rodríguez del Barrio intentó un alzamiento militar en Madrid y fracasó. La coordinación de la conspiración pasó entonces a Mola.19
El general Mola, que adoptó el nombre clave de “El Director”, continuó con el proyecto de constituir una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, y comenzó a redactar y difundir una serie de circulares o “Instrucciones reservadas” en las que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el golpe de Estado.18
La primera de las cinco “instrucciones reservadas” la dictó el 25 de mayo y en ella ya apareció la idea de que el golpe tendría que ir acompañado de una violenta represión:20
Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas
Mola logró que se uniera a la conspiración otro general republicano, además de Queipo de Llano, el general Miguel Cabanellas, jefe de la V División orgánica, con quien mantuvo una entrevista en Zaragoza el 7 de junio en la que acordaron las medidas para dominar la oposición que “opondría la gran masa sindicalista” y la organización de las “columnas que habían de oponerse a que los catalanes pudieran invadir el territorio aragonés”.21
Mola consiguió comprometer en el golpe a numerosas guarniciones, gracias también a la trama clandestina de la UME dirigida por el coronel Valentín Galarza (cuyo nombre clave era “El Técnico”), pero Mola no contaba con todas ellas, y especialmente tenía dudas sobre el triunfo del golpe en el lugar fundamental, Madrid, y también sobre Cataluña, Andalucía y Valencia.18
Así pues, el problema de los militares implicados era que, a diferencia del golpe de estado de 1923, ahora no contaban con la totalidad del Ejército (ni de la Guardia Civil ni las otras fuerzas de seguridad) para respaldarlo. «Las divisiones que se habían manifestado en el seno del propio ejército desde la Dictadura… durante la República habían alcanzado un singular grado de virulencia con la creación de uniones militares enfrentadas por la cuestión del régimen político [la UME, Unión Militar Española, monárquica; y la republicana Unión Militar Republicana Antifascista, UMRA, con una influencia mucho más reducida]».22
Tampoco podían contar como en 1923 con la connivencia del jefe del Estado (el rey Alfonso XIII entonces, y el Presidente de la República Manuel Azaña ahora). Una tercera diferencia respecto de 1923 era que la actitud de las organizaciones obreras y campesinas no sería de pasividad ante el golpe militar, como en 1923, sino que como habían anunciado desencadenarían una revolución. Por estas razones se fue retrasando una y otra vez la fecha del golpe militar, y por eso, además, el general Mola, «el Director», buscó el apoyo de las milicias de los partidos antirepublicanos (requetés y falangistas) y el respaldo financiero de los partidos de la derecha.23
Mola entabló una negociación con la Comunión Tradicionalista para que el Requeté carlista, fuerza paramilitar concentrada principalmente en Navarra y el País Vasco, se uniese a la sublevación. Mola se negó inicialmente a aceptar las exigencias de los carlistas, partidarios de una monarquía clerical que querían luchar bajo la bandera rojigualda y el Sagrado Corazón de Jesús, mientras que Mola defendía una «dictadura republicana» donde la Iglesia siguiera estando separada del Estado.24 Sin embargo el 11 de julio Sanjurjo aceptó las principales reivindicaciones carlistas y el 14 estos anunciaron su adhesión al levantamiento.17 El 10 de julio también se unieron al plan de Mola José Calvo Sotelo y su partido, Renovación Española.17
En cuanto a las milicias falangistas, en principio su líder José Antonio Primo de Rivera, preso en Alicante, se manifestó dispuesto a colaborar, pero exigió su parcela de poder, lo que no fue admitido por los generales conjurados, por lo que su participación fue en principio aparcada.18
Al gobierno de Casares Quiroga le llegaron por diversas fuentes noticias de lo que se estaba tramando y el 7 de junio Mola recibió la visita sorpresa del Director General de Seguridad, en busca de pruebas contra los conspiradores, pero se salvó gracias a un aviso recibido doce horas antes.17 Pero el gobierno no actuó con más contundencia contra los conspiradores porque, según el historiador Julio Aróstegui, «Azaña y muchos elementos de su partido, y el propio Casares Quiroga, jefe del gobierno, no creyeron que después de haber neutralizado con facilidad el golpe de Sanjurjo en 1932 en el ejército hubiera capacidad para preparar una acción seria, estimando además que tenían controlados a los posibles cabecillas y que en el caso de que esa rebelión se produjese sería fácil abortarla».25
En paralelo los conjurados alquilaron un avión para que Franco pudiera trasladarse de Canarias al Marruecos español y tomar allí el mando del sublevado Ejército de África. Para ello el financiero Juan March facilitó fondos al marqués de Luca de Tena, propietario del diario ABC. El corresponsal de ABC en Londres, Luis Bolín, contrató un de Havilland D.H.89 Dragon Rapide que partió de Inglaterra el 11 de julio y llegó a Gran Canaria el día 15.
Fuentes: