Rafael Cruz[1]
(Fragmento)
Repetidas fueron las apelaciones antes de 1898 a una solución dictatorial ejercida por los militares españoles, en connivencia o no con los partidos políticos. Tal amenaza se esgrimió entre los principales argumentos que los gobernantes utilizaron a la hora de enfrentarse a Estados unidos en una guerra.
Para las élites políticas civiles, la guerra constituía un mal menor. Lo que se quería evitar prioritariamente no era una derrota frente a los “yanquis” sino una auténtica revolución en España, cuyo triunfo podía significar el fin de la dinastía reinante.
Es muy posible que la declaración de hostilidades a Estados Unidos tratara de evitar la intervención del Ejército en el Gobierno del Estado. Eran continuos los rumores sobre la posibilidad de que los generales Polavieja y Weyler, amén de otros menos destacados, estuvieran conectados con carlistas o republicanos, o ambos a la vez, para acabar con el régimen, como ya había ocurrido décadas atrás en 1843, 1856, o 1868, cuando O’Donnell, Narvaez o Serrano se rebelaron en compañía de políticos moderados o progresistas.
Quizá porque el Gobierno decidió enfrentarse a Estados unidos, y tras la derrota, tal vez por la falta de unidad, convicción y firmeza de los principales generales, nada de eso ocurrió. La distancia abismal de capacidades y oportunidades entre los dos bandos, desembocó en una derrota sin paliativos para Armada y el Ejército españoles.
De inmediato se destacaron voces civiles señalando la supuesta incompetencia de los oficiales, la insuficiencia del material bélico y, por el contrario, el excesivo protagonismo y autoridad de la milicia en los asuntos políticos internos de España.
Como única respuesta a estas y posteriores denuncias, se hizo un llamamiento dentro del estamento militar a la creación de tribunales de honor dentro del propio Ejército para conocer “las faltas que sólo han cometido cuatro u ocho”. Dichos tribunales de honor, en efecto, condenaron a… tres de esos individuos: un teniente, un coronel y un general, a la baja del servicio activo con el mantenimiento de sus sueldos.
Comenzaron a funcionar con posterioridad unos Consejos de Guerra que absolvieron uno por uno a todos los jefes y oficiales comparecientes, con la excepción de los generales Montojo y Jaúdenes, condenados a la baja del servicio, con las mismas condiciones salariales.
Este drama, a caballo entre la comedia y la farsa, no despejó de la opinión pública la sensación de soportar un Ejército intervencionista corrupto e inútil. Su desprestigio ante la población civil se incrementó. La sintonía entre militares y civiles corría por los suelos.
Sin embargo, los militares se enfrentaron después de la derrota de 1898 con el que era su principal y más agobiante problema. Como consecuencia del excesivo número permanente de oficiales y jefes, situación agravada por la definitiva repatriación de los militares que residieron hasta entonces en Cuba y Filipinas, el Ejército español no podía dar empleo –y, por tanto, haberes adecuados– a todos ellos.
Se produjo una calamitosa situación entre un tercio de los 24.000 oficiales que componían la plantilla, por cuanto carecían de un salario adecuado a sus expectativas de trabajo y promoción. En particular, resultaba angustiosa la situación de los aproximadamente diez mil oficiales que volvían de ultramar porque carecían de destino efectivo en la Península.
En el abanico de razones que configuraron esta situación no puede excluirse la existencia de un número exagerado de generales y almirantes en proporción al de soldados. En septiembre de 1898 había 499 generales y 589 coroneles para dirigir unos 80.000 soldados, lo que equivalía a un general para 160 soldados y un coronel para 138. Más extrema era la situación en la Armada, en la que se contabilizaban 142 almirantes para solo dos buques de combate.
Por otro lado, aun con los severos y desfavorables resultados bélicos que aportaron al Ejército español las campañas de Filipinas y Cuba, se aceleraron las promociones y los ascensos, así como el reparto de masivas recompensas y condecoraciones.
[1] Tomado de: “Memoria del 98”. Diario El País. Madrid, España, 1997.
Fuentes: