José Melquiades
El asesinato de líderes políticos, sindicales y sociales en Colombia continúa en aumento. Cuatro años después de la firma de los llamados «Acuerdos de Paz de La Habana» entre las FARC y el Gobierno colombiano, que supusieron la desmovilización de la guerrilla, se puede afirmar, con toda certeza, que tal decisión solamente incrementó la violencia ejercida contra el pueblo de esa nación latinoamericana. Sin embargo,los actores que apoyaron dicho proceso se muestran incapaces de asumir esta sangrienta evidencia (…).
La historia se repite. Ocho personas, entre ellas varios dirigentes campesinos, fueron masacradas el domingo en una zona rural entre la ciudad de Cúcuta y el municipio de Tibú, Norte de Santander, según informó la Defensoría del Pueblo de Colombia a través de Twitter.
Al respecto, la Asociación Campesina de Catatumbo (Ascamcat) denunció que tras la matanza se ha intensificado el desplazamiento forzado, “en medio de la ausencia de las autoridades competentes, para que brinden las garantías de seguridad” necesarias.
«Más grave que los golpes militares a las FARC fue el efecto de la concepción, hegemónica en la izquierda latinoamericana, de que el tiempo de «las guerrillas ha terminado» y de la derehca admitiría la voluntad de las mayorías impulsada por la vía de las urnas»
Según la fuente, ante el terror infligido por los asesinatos, alrededor de 400 personas están abandonando la zona. En este sentido, se pronunció la Gobernación del Norte de Santander haciendo “un llamado a los grupos violentos para que excluyan del conflicto a la población civil” al tiempo que se solicitó “a las autoridades competentes esclarecer los móviles y hechos” que dieron lugar al crimen.
Entre tanto, Wilfredo Cañizares, defensor de los derechos humanos e integrante de la Fundación Progresar, fue más contundente en su denuncia al señalar a los paramilitares de Los Rastrojos como responsables de la masacre: “Tienen 8 años delinquiendo en la zona”, sin embargo, la Policía regional “ no se ha enterado”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al condenar los hechos, señaló con alarma «el incremento sostenido de la violencia en diversos territorios de Colombia».
Por ese motivo, instó al Estado colombiano a “investigar de oficio los hechos y “disponer las medidas de seguridad” para estas comunidades y sus lideres sociales. Se unieron igualmente al repudio, Human Rights Watch y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA).
Para que se tenga una idea del peligro que representa ejercer el activismo político en Colombia, basta recoerdar que durante los seis primeros meses del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 138 líderes y defensores de los derechos humanos han sido asesinados. La misma suerte han corrido 35 ex guerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz entre el Estado y la insurgencia.
«La fe en que los llamados gobiernos progresistas podían dar lugar a la emancipación de los pueblos latinoamericanos se ha topado dramáticamente con la realidad del auge de la extrema derecha en la región, motivado por las propias limitaciones de los proyectos reformistas»
Una vez más, las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas vuelven a ser, en su inmensa mayoría, líderes o lideresas indígenas, de organizaciones campesinas, de consejos comunitarios, de procesos de restitución de tierras, de organizaciones de víctimas, ambientalista o de organizaciones LGBTI. En casi todos los casos, se trata de personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, pertenecientes a grupos étnicos históricamente discriminados o de extracción campesina.
No es difícil entender que las víctimas representan un obstáculo para la consumación de los intereses de determinados actores que detentan el poder económico, político o armado en las regiones de conflicto.
¿QUIÉN PROMOVIÓ, REALMENTE, LOS MAL LLAMADOS «ACUERDOS DE PAZ» DE LA HABANA?
Aunque la mayoría de medios de izquierda de Latinoamérica y Europa transmitieron una visión triunfalista sobre las negociaciones de paz entre las FARC y el Estado colombiano, la realidad es que el largo proceso de negociaciones que terminó con los «Acuerdos de La Habana» fue impulsado por los propios Estados Unidos.
El Estado colombiano, auspiciado y guiado por Washington, aprovechó la coyuntura que ofrecía la idea política defendida para la región por el desaparecido Hugo Chávez, consistente en promover el fin del conflicto en Colombia con el desarme de la guerrilla para configurar, bajo la presión de UNASUR, una alternativa política diferente para esa nación.
Si bien es cierto que, por la vía de las armas, el ejército colombiano y Washington asestaron duros golpes militares a las FARC, aún más fuerte que esta presión del enemigo fue el efecto de la concepción, hegemónica en la izquierda latinoamericana, de que el tiempo de «las guerrillas ha terminado», y de que los proyectos transformadores para la región podría ser impulsados por la «vía pacífica de las urnas», mediante reformas institucionales y progresivas que las derechas no tendrían más opción que admitir por la voluntad de las mayorías.
«La creencia, mantenida por el propio Hugo Chávez, de que la entrega de las armas por parte de la guerilla disminuiría la presión del imperialismo norteamericano en la región ha sido totalmente refutada por los hechos»
En la actualidad, no obstante, la fe en que los llamados gobiernos progresistas podían dar lugar a la emancipación de los pueblos latinoamericanos se ha topado dramáticamente con la realidad del auge de la extrema derecha en la región, motivado por las propias limitaciones de proyectos reformistas que en ningún caso llegaron a cuestionar ni la economía, ni las estructuras políticas, ni la lógica cultural del sistema capitalista.
Igualmente, la creencia, mantenida por el propio Hugo Chávez, de que la entrega de las armas por parte de la guerilla disminuiría la presión del imperialismo norteamericano en la región ha sido totalmente refutada por los hechos. Hoy tanto Colombia como Venezuela sufren las consecuencias de una estrategia cuyo efecto ha sido justamente el contrario. La desaparición de la poderosa resistencia que representaba las FARC-EP no solo ha permitido la multiplicación impune de los crímenes políticos. Al mismo tiempo, ha convertido a Colombia, transformada en cabeza de puente de la OTAN en América Latina, en una de las principales amenazas en la región para el proceso bolivariano, que ahora puede ser atacado desde ese territorio – abiertamente o mediante operaciones encubiertas del paramilitarismo- sin el freno que antes de su rendición suponía la guerrilla.
Quienes desde la izquierda latinoamericana y mundial se congratularon por la firma de los «Acuerdos de Paz», aun cuando implicaron la renuncia a las reivindicaciones económicas y sociales básicas de la guerrilla, parecieron olvidar también que las elites de Colombia han actuado históricamente aplicando los principios más crueles de la guerra como medio fundamental para sostener su poder y perpetuar la explotación de las clases populares.
«La desaparición de la poderosa resistencia que representaba las FARC-EP no solo ha permitido la multiplicación impune de los crímenes políticos. Al mismo tiempo, ha convertido a Colombia, transformada en cabeza de puente de la OTAN en América Latina»
Los propios firmantes parecieron obviar el pasado reciente de su país y el hecho de que no existía ningún indicio para suponer que la condición criminal de esta burguesía -que condujo al asesinato masivo de los integrantes de la Unión Patriótica tras otro intento de abandonar las armas por parte de la guerrilla- se había modificado.
El precio de no atender a las lecciones de la Historia, como siempre ha sucedido a lo largo de la misma, lo vuelven a pagar los pueblos, con sufrimiento y sangre.
En el vídeo que adjuntamos a continuación, el escritor colombiano Hernando Calvo Ospina ofrece las claves de este proceso, en una entrevista concedida a Canarias-semanal en octubre de 2017.
Fuentes: