Mathilde Larrère, historiadora francesa
La violencia popular y la violencia estatal no tienen los mismos actores, ni las mismas armas, ni los mismos objetivos.
La violencia estatal es considerada legal y la violencia popular siempre es declarada ilegal.
Las cosas se complican cuando pasamos del concepto legalidad al concepto legitimidad.
Habitualmente los medios miden sí una protesta ciudadana es violenta por la cantidad de vidrios y escaparates rotos por los manifestantes. En el tratamiento que le dan a estas noticias tienen una diferencia muchas veces insultante, entre lo que se puede llamar la «violencia popular» y la «violencia estatal», ejercida por sus fuerzas policiales.
La violencia popular y la violencia estatal no tienen los mismos actores, ni las mismas armas, ni los mismos objetivos. Sobre todo, porque la violencia estatal es considerada legal y la violencia popular siempre es declarada ilegal.
Sin embargo, las cosas se complican cuando pasamos del concepto legalidad al concepto legitimidad. Lo que nos dice la historia de la violencia legítima y del monopolio en el uso de la fuerza es que este es un tema que ha estado en los últimos dos siglos.
En el caso de la historia de la revolución francesa cuando el estado afirmó que tenía el monopolio de la violencia legítima, los movimientos sociales impusieron con su accionar la legitimidad del uso de la violencia por parte del pueblo.
Durante gran parte de la Edad Media, la violencia legal era compartida entre el rey, la nobleza, las burguesías urbanas (y sus milicias comunales). Con el absolutismo, el rey desarmó a los nobles y a las comunas. El rey tenía el control absoluto de las fuerzas del orden. La legitimidad de la que disfrutaba era divina, lo que dificultaba enormemente su disputa por la mayoría de la población. De hecho en vísperas de la Revolución Francesa, el Rey tenía el monopolio de la violencia legal y legítima.
La Revolución Francesa llegó para cambiar radicalmente esta concentración del monopolio legal y legítimo de la violencia por parte del Estado. Con la toma de la Bastilla, la separación previa entre la violencia estatal y la violencia popular se hizo totalmente borrosa.
Cada día trae un nuevo acontecimiento en un periodo revolucionario.
El 13 de julio de 1789, el nuevo poder municipal de París (una comuna autoproclamada) tomó la decisión de crear una milicia burguesa de 48,000 hombres integradas por ciudadanos con derecho a voto (derecho censitario).
En ese momento el rey tenía concentrado poderosos regimientos austriacos a las puertas de la capital . La respuesta de los parisinos fue construir una fuerza policial que protegiera el proceso revolucionario.
El nacimiento de esta guardia nacional desafió el monopolio real de la violencia legal y custodió la transferencia de la soberanía del monarca a la nación armada de los ciudadanos, evitando así el regreso del poder absoluto del rey.
Pero la creación de la milicia cumplió un segundo objetivo: proteger los bienes contra el riesgo de saqueo en un contexto convulsionado por los movimientos populares de la época. En este sentido, la guardia ciudadana fue una fuerza creada por la revolución burguesa, en contra la aristocracia y el despotismo monárquico, pero también contra una revolución popular y su violencia.
Sin embargo el 14 de julio de 1789, todo el proceso tuvo un vuelco espectacular. La noche anterior se inició una rebelión popular, seguida por una frenética búsqueda de armas: mientras la burguesía armaba a su “guardia nacional” el pueblo también tomaba las armas.
Ese día todo el mundo convergió en la prisión de la Bastilla, que servía como depósito de pólvora. Y allí, mientras el ejercito realista disparaba contra la multitud se produjo un hecho inesperado: fraternizaron la guardia burguesa y las clases populares, las nuevas fuerzas de la orden y una multitud revolucionaria. Y finalmente los guardias reales entregaron sus armas a los insurrectos.
La violencia popular condujo a la decapitación del Gobernador de la Prisión Estatal. Con esta acción los insurgentes solo repetían las acciones de violencia institucional propias del Antiguo Régimen (sus rituales de decapitación.) La violencia popular fue, por tanto, una suerte de apropiación popular de la violencia estatal, un desafío a su monopolio, una transferencia de soberanía.
El día después de la toma de la Bastilla, los protagonistas, en lugar de esconderse para evitar la represión, informaron sobre sus acciones. Los insurrectos que se tomaron la Bastilla recibieron de la Asamblea Nacional un diploma con una medalla y una espada grabada. En otras palabras, la separación previa entre el estado y la violencia popular se hizo totalmente imprecisa.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de 1789 que creó la Guardia Nacional decía en su Artículo 12: » La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano requiere una fuerza pública: esta fuerza se instituye así en beneficio de todos, y no para la utilidad particular de nadie» ). Era una fuerza pública que no sólo estaba en manos del estado (y por tanto, de una posible violencia estatal), sino también era una fuerza ciudadana (compuesta por votantes) y, por lo tanto, popular.
Además, la Guardia Nacional no fue creada para defender al estado, sino para “garantizar los derechos humanos” que se convertían en la nueva fuente de legitimidad. La Declaración, entre otros derechos humanos, establecía claramente el derecho de los hombres a rebelarse contra la opresión (artículo 2). A partir de ahí, la rebelión, incluso violenta, es legítima si se opone a la opresión.
A continuación una serie de eventos revolucionarios solo aumentaron la confusión entre la violencia legítima / ilegítima, así como también entre la violencia popular / violencia estatal.
Los días 5 y 6 de octubre de 1789, una marcha de mujeres derivó en una intensa violencia popular. Asustados, los diputados implantaron la ley marcial. La Asamblea autorizaba disparar contra la gente por primera vez, pero trato de darle un marco legal: “antes de disparar la guardia nacional debe levantar una bandera roja y llamar a viva voz a la gente a disolverse”.
«Seamos terribles para que la gente no lo sea»
Esta ley marcial se transformó en un verdadero boomerang para el poder. El 10 de agosto de 1792, cuando los sans-culottes parisinos y los voluntarios de Marsella y Breton ocuparon el castillo de las Tullerías, iban blandiendo una bandera roja en la que habían bordado esta consigna: «¡ Ley marcial del pueblo soberano contra la violencia del Estado!
Entonces cuando el rey cayó definitivamente, de nuevo los manifestantes y los manifestantes (tres mujeres) fueron premiados con medallas por el Estado.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 fue más allá respecto del derecho de rebelión: » Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para la gente, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes «, un artículo al que muchos todavía se refieren hoy para legitimar la insurgencia popular .
Durante el periodo de la Convención la violencia estatal y la violencia popular alcanzaron nuevas cotas. Fue el periodo en que la burguesía trató de frenar la violencia popular mediante el “Terror”. Ya en Marzo de 1793 Danton había justificado el terror terminando un discurso con estas palabras: » Seamos terribles para que el pueblo no sea terrible»
Ciertamente, el Directorio, seguido por el Consulado y el Imperio, buscaron restablecer el orden para asegurarse el monopolio de la violencia legal y legítima por parte del Estado. Pero la cuestión de la legitimidad de la violencia popular era una caja que estaba abierta y era difícil de volver a cerrar.
El 14 de julio de 1789 siguió vivo por largo tiempo.
Años más tarde durante la revolución burguesa de 1830 que llevó al poder al Rey Luis Felipe, los combatientes fueron enterrados con gran pompa bajo una columna de la Bastilla erigida para la ocasión….
La contradicción no tarde mucho en estallar ¿cómo justificar la represión a los disturbios populares que surgieron después de 1830 contra el poder ?
El rey, y por lo tanto la violencia que podía ejercer, sufría un déficit de legitimidad pues el poder ya no podía reclamar la legitimidad divina del Antiguo Régimen y la monarquía parlamentaria que lo sustentaba tampoco tenía legitimidad. Sólo tenían derecho a voto el 6 % de los hombres porque el sufragio era censitario es decir, vinculado a la riqueza.
El régimen encontró una aparente solución. Revivió la guardia nacional heredada de la Revolución Francesa con el objeto de reprimir los disturbios. Desplegar a “soldados ciudadanos” le permitió al poder deslegitimar las protestas.
La estrategia fue efectiva por un tiempo, hasta que los guardias decidieron en febrero de 1848 unirse al movimiento de revolucionario y desobedecieron las órdenes del gobierno. En un cartel del Comité Democrático del Sena de febrero de 1848, se podía leer: «La guardia sabe distinguir entre un disturbio de una revolución».
De hecho, la revolución es el momento y el crisol donde la violencia popular e ilegal se vuelve legítima.
En el siglo XIX la confusión con respecto a los límites entre la violencia legítima e ilegítima, estaba fundada en que el poder real era frágil. Con la introducción del sufragio universal masculino en marzo de 1848 se trato de cambiar esta situación de debilidad.
El sufragio universal masculino fue, entre otras cosas, considerado como un medio para deslegitimar la insurrección. Víctor Hugo lo expresó de esta manera: «Le dan sufragio universal, a los que sufren, pero les quita el fusil. ¿Pero qué es todo esto, caballeros ? Es el fin de la violencia, …quieren abolir el derecho a la insurrección a cambio del derecho de sufragio”.
Las represiones particularmente violentas de las insurrecciones de junio de 1848 o de la Comuna de 1871 son la prueba y le dieron la razón a Víctor Hugo.
En realidad nuestra democracia fue construida en gran parte por la violencia popular, luego legitimada e incluso conmemorada.
El déficit de democracia del actual régimen francés y el de otras naciones en casi todo el mundo debilitan el argumento por el cual el estado desde 1848 el Estado justifica su monopolio en el uso de la violencia.
Cada crisis democrática tiende a despertar levantamientos violentos. La falta de una democracia verdadera nos permite volver a pensar en la legitimidad del uso de la fuerza.
Fuentes:
https://agendacomunistavalencia.blogspot.com/2019/12/la-historia-de-las-conquista.html